La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asegura que tanto Notarios como Registradores, cobran de más a los hipotecados por la cancelación del préstamo. De un total de 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010, estos profesionales podrían haber cobrado hasta 93 millones de euros en un año de forma indebida...
Según la OCU, han sido las facturas remitidas por sus propios socios las que han servido como muestra del estudio, descubriendo prácticas ilegales en el 92% de las mismas. Para la OCU, es grave que notarios y registradores incumplan la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca. Pero es aún más grave que esa práctica se siga manteniendo a pesar de que ya ha sido declarada incorrecta por la Dirección General de los Registros y el Notariado (dependiente del Ministerio de Justicia) y por resoluciones judiciales como la de junio de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Será que ya nadie quiere cumplir las Sentencias de los Tribunales...
Ante la gravedad de los hechos, la OCU se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía para que se requiera al colectivo de Notarios y Registradores a revisar de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas a los clientes.
Hay que recordar que desde el cambio normativo de 2007 el Notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 €, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 €. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU es de 260 €. En cuanto al Registrador, éste debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a “cero” cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%. el resultado son 2,40 € que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 €, no de 144 € como ha comprobado la OCU.
La OCU hace hincapié en la necesidad de una revisión profunda del sistema notarial y registral. Hay que recordar al usuario que tiene derecho a elegir el notario que desee, no el que le imponga la gestoría o el propio banco. Además habría que revisar las funciones y naturaleza jurídica de estos profesionales, así como en qué casos no debería ser necesaria la intervención del notario, bastando el visto bueno del registrador.
Y los Notarios y Registradores se defienden de estas acusaciones. Aseguran que están a la espera de que la justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar al consumidor. Según el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores, el cobro de unos aranceles superiores a los establecidos en la reforma de 2007 se debe a la “falta de claridad” del criterio introducido en dicha reforma.
A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN...
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